Los padres por gestación subrogada pueden disfrutar de baja maternal

Por primera vez el Tribunal Supremo reconoce el derecho de los padres de hijos nacidos por gestación subrogada a cobrar prestaciones por maternidad , unificando la doctrina para que estos progenitores disfruten de dichas prestaciones.

Según recoge el diario El Pais, el Pleno de la Sala de lo Social en una nota informativa ha hecho pública su decisión de aceptar los recursos de casación para la unificación de doctrina planteados en un caso por una mujer que tiene un hijo mediante un contrato de gestación que está escrito en el registro del Consulado de España en Los Ángeles y en otro caso el de un hombre que concertó la reproducción asistida en la India con su material genético. En este último caso la Sala Cuarta transfiere las prestaciones que corresponderían a la madre biológica, que no va a poder disfrutarlos, al padre de los dos niños.

Hasta ahora la Seguridad Social les había denegado estas prestaciones argumentando, y sobre la base de la Ley de Reproducción Asistida, que considera nulos los contratos de maternidad por sustitución

Aunque estos son los dos primeros casos que han llegado al Supremo se calcula que hay aproximadamente más de 50 casos en los tribunales con estas características. Por último cabe destacar que los jueces advierten que no se aprecia conducta fraudulenta por parte de los padres y recuerdan que las prestaciones de maternidad de la Seguridad Social están fundamentadas y deben servir, sobre todo, para atender a los menores.

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Así mismo el tribunal cita que las previsiones sobre la inscripción en el Registro Civil de estos niños nacidos por maternidad subrogada o sobre la falta de reconocimiento legal del propio contrato de maternidad deben quedar fuera del debate y recuerdan que no se está creando una prestación nueva, sino interpretando las exigencias de las actuales conforme a criterios del ordenamiento jurídico.

No conocemos el alcance de esta sentencia pero si el valor en la unificación de la doctrina existente en esta materia y que servirán para establecer el derecho de los padres a prestaciones por maternidad de los hijos por gestación subrogada (llamados “vientres de alquiler”)

 

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Derecho de Familia, los procedimientos de persona y familia

Hemos de destacar la importancia del derecho de familia en nuestra profesión, y como muestra de ello, es el hecho de las continuas mesas redondas y jornadas que se vienen celebrando durante los últimos años. Con la intención de hacer comprensible para todos el derecho de familia y dar a conocer los diversos procedimientos de persona y familia, traemos a nuestro blog un artículo que servirá para arrojar luz sobre las cuestiones que se ven reguladas en los artículos 748 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tomando como referencia dicha ley y los artículos de Ana León Garrigosa  y  Juan José Reyes podemos decir que “Comprende los procedimientos de incapacidad, internamientos, filiación, matrimoniales y menores, con una serie de especialidades comunes para todos ellos como la posibilidad de intervención del Ministerio Fiscal en determinados casos. Para todos ellos se aplica el trámite del juicio verbal, es decir, la celebración directa de una vista para la práctica de prueba, aunque se permite la contestación escrita por los demandados.

En los procedimientos de incapacidad y reintegración de la capacidad siempre es parte el Ministerio Fiscal. Se concede al Juez un amplio margen discrecional en materia de prueba y adopción de medidas cautelares, siendo necesario el examen del presunto incapaz por un facultativo, normalmente el médico forense adscrito al Juzgado.

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Se regula el internamiento no voluntario por trastorno psíquico de aquellas personas que no estén en condiciones de decidir por sí mismas, recabando siempre informe del facultativo.

Como procedimientos de familia se regulan el divorcio, la separación y la nulidad matrimonial. Estos procedimientos pueden desarrollarse de mutuo acuerdo, en cuyo caso se establece un procedimiento muy sencillo que pasa por la ratificación del convenio a presencia judicial, o de forma contenciosa, en cuyo caso ha de celebrarse una vista con la práctica de las pruebas propuestas y admitidas. También se regula la modificación de medidas acordadas por resolución judicial. Por su parte, la liquidación del régimen económico matrimonial está regulada en los artículos 806 y siguientes dentro de la división de patrimonios. Y se establecen algunas especialidades en materia de ejecución derivada de estos procedimientos, como la posibilidad de imponer multas coercitivas o la modificación del régimen de guarda y visitas. En estos procedimientos es preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.

Finalmente, se regulan una serie de procedimientos relativos a menores como son la oposición a resoluciones administrativas en materia de protección de menores y la necesidad de asentimiento en la adopción”

Lo cierto es, según Juan José Reyes, que “… conociendo la lentitud del legislador para modificar las leyes, nos quedan muchos años por aprender, interpretar y aplicar la presente ley de enjuiciamiento civil …”

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Anticipo de dinero en la construcción o compra de viviendas. Responsabilidad de las entidades bancarias

En este nuevo artículo de nuestro Blog queremos abordar la situación generada por el impacto negativo de la crisis y la irresponsabilidad de ciertas empresas que ha afectado a un gran número de personas que querían acceder a la compra o construcción de una vivienda y que una vez realizada la entrega de cantidades anticipadas de dinero, se encuentran sin vivienda y sin el dinero depositado. En este post hablaremos de la situacion de los distintos perjudicados y abordaremos la responsabilidad de las entidades bancarias en estas operaciones así como la sentencia más reciente en esta materia y que ha abierto un nuevo escenario jurídico para los reclamantes

– El anticipo de cantidades en la construcción y venta de viviendas

– Quiebra de las promotoras y no entrega de las viviendas

– Condición de tercero no ajeno de las entidades bancarias

– Obligación legal de las entidades bancarias de abrir una cuenta especial debidamente garantizada

Recientemente, nuestro Tribunal Supremo ha dictado una Sentencia por la que se obligaba a una entidad bancaria a devolver el dinero anticipado por un particular a una promotora a cuenta de una vivienda que finalmente no se terminó.

El fundamento de esta Sentencia, es la Ley 57/1968, norma nacida en la época franquista, sobre el percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, con la que se pretendía proteger a los compradores

Esta norma nació a consecuencia del escándalo de “Nueva Esperanza”, en el que una constructora, tras su quiebra, dejó a más de 10.000 personas sin sus pisos, por los que habían pagado más de 100 millones de las antiguas pesetas

La Ley de 1968 exige a los promotores que pretendan obtener de los compradores de viviendas, entregas de dinero antes o durante la construcción de las mismas, y para el caso de que no se inicie la construcción de las viviendas o no llegue a buen fin por cualquier causa en el plazo convenido, a:

– Garantizar la devolución de las cantidades anticipadas por los compradores, más el 6% del interés anual (interés modificado tras la entrada en vigor de la LOE), mediante la suscripción de un contrato de seguro o aval bancario solidario

– Que los promotores perciban estos anticipos a través de una entidad bancaria, depositándose las mismas en una “cuenta especial”, separada de cualquier otra perteneciente al promotor y de la que únicamente podrá disponer para las atenciones derivadas de la construcción de las viviendas. Para la apertura de esta cuenta especial, la entidad bancaria, bajo su responsabilidad, exigirá de la promotora un seguro o aval bancario

La cuestión lógica que se nos plantea, es qué ocurre si estas garantías no se efectúan, y las promotoras devienen en quiebra no llegando a entregar las viviendas a sus compradores.

Uno de los argumentos esgrimidos por la entidad bancaria en el procedimiento resuelto por el Tribunal Supremo en la Sentencia que nos ocupa, es que se trata de un tercero ajeno al pacto suscrito entre compradores y promotora, no teniendo, en consecuencia, responsabilidad alguna sobre la desaparición del dinero anticipado por los primeros.

Sin embargo el Tribunal Supremo determinó en esta Sentencia, que la Ley 57/1968 impone a las entidades bancarias una responsabilidad que desmiente su carácter de terceros ajenos a la relación habida entre compradores y promotora.

Precisamente, porque la entidad bancaria sabía que los compradores estaban ingresando cantidades a cuenta del precio de las viviendas, tenía la obligación legal de abrir una cuenta especial y separada, y debía cerciorarse de que estas cantidades estaban debidamente garantizadas; por no cerciorarse de la existencia de esta garantía, negando la apertura de la cuenta especial en caso contrario, incurrió en la responsabilidad específica que establece el Artículo 1 de la Ley sobre el percibo de cantidades anticipadas de dinero en la construcción y venta de viviendas.

Por ello, en la citada Sentencia se ha condenado a la entidad bancaria a devolver las cantidades anticipadas por el particular a cuenta de la vivienda que no recibió.

Como conclusión de cuanto antecede, nuestro Alto Tribunal ha fijado la siguiente doctrina jurisprudencial:

“En las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad”

No cabe duda de que, el acertado fallo del Tribunal Supremo, abre una vía muy beneficiosa para todas aquellas personas que hayan comprado una vivienda sobre plano o en fase de construcción a una promotora, y como consecuencia de la quiebra de esta, no hayan recibido su vivienda ni recuperado el dinero anticipado por la misma.

Bufete Dopico Abogados se ofrece a estudiar la situación de todas aquellas personas que hayan perdido el depósito constituido para la adquisición de su vivienda. Sin coste alguno, analizaremos las posibilidades de recuperar el dinero invertido

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Las guías de conducta o códigos internos son insuficientes para eximir de responsabilidad penal a las personas jurídicas

Planteamiento. La exención de responsabilidad de la persona jurídica por supervisión y vigilancia de sus administradores

En esta ocasión, traemos a nuestro Blog un nuevo artículo de  Jacobo Dopico Gómez-Aller, en el que analiza la nueva responsabilidad penal de las personas jurídicas y, concretamente, el alcance de las guías de conducta empresariales o los códigos internos como eximente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Al igual que en su anterior post, el autor hace un análisis riguroso de ley así como de los márgenes de actuación posibles para su aplicación, llegando a conclusiones que mantienen abierto el debate sobre una cuestión de plena actualidad.

“Como es sabido, la LO 1/2015 modificó profundamente el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas (v., las entradas de Lascurain aquí, aquí y aquí y la de Adán Martín aquí). El cambio que más atención ha suscitado es la nueva cláusula de exención de responsabilidad penal para personas jurídicas por haber prestado la diligencia debida en la prevención de delitos. Recordemos que hasta el 1 de julio de 2015, el art.31 bis establecía que la persona jurídica respondía por los delitos cometidos en su beneficio… por sus administradores o representantes; o … por cualquier otro empleado o persona a su servicio, siempre que el delito hubiese podido cometerse debido a una infracción del deber de control sobre la actividad de esa persona.

Así, bajo la redacción anterior el art. 31 bis dejaba claro que, en relación con los delitos de empleados, la persona jurídica quedaría exenta si se demostrase la diligencia de la persona jurídica en la prevención de los delitos, por más que esa diligencia no hubiese sido suficiente para evitar el concreto delito. No obstante, esa exención por cumplimiento de los deberes de prevención no estaba expresamente prevista para la responsabilidad de la persona jurídica por los delitos de administradores o representantes.

En efecto, esa posibilidad de exención era fuente de polémica. Había voces que la reclamaban sosteniendo que no tendría sentido castigar por un delito a quien ha demostrado su diligencia en la prevención del mismo, y que tal punición atentaría contra el principio de culpabilidad. Enfrente se hallaban otras voces que, como la Fiscalía General del Estado, entendían que la Ley dejaba claro que esa “exención por diligencia” estaba expresamente prevista sólo para los casos de responsabilidad de la persona jurídica por delitos de empleados; y que ello tenía plena lógica, dado que no era realista hablar de controles o supervisión sobre la actividad de quienes ostentan la máxima autoridad en una empresa.

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Pues bien, la reciente reforma modificó los términos de esta discusión al introducir en el art. 31 bis 2 la siguiente cláusula, conforme a la cual en los casos de delitos de administradores en beneficio de la persona jurídica, ésta puede quedar exenta de pena si se cumplen las siguientes cuatro condiciones:

“1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;

2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y

4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª”.

El art. 31 bis 4 contiene una cláusula de exención similar pero reservado a los supuestos del apartado b) del art. 31 bis (delito cometido por empleados sometidos a la autoridad de las personas mencionadas en el apartado a), pero su nivel de exigencia es mucho menor.

A su vez, el apartado 5 del art. 31 bis establece una serie de requisitos mínimos adicionales que deben cumplir estos “modelos de organización y gestión”:

  •         Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.
  •         Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.
  •         Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
  •         Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.
  •         Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
  •         Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.

La introducción de esta nueva cláusula ha llevado a algunas voces a criticar que el nuevo modelo haya abierto una vía excesivamente amplia para la impunidad. Así, el propio Consejo de Estado ha sostenido en su informe de 2013:

“[C]abe cuestionar si el Anteproyecto no introduce un margen excesivamente amplio para la exención de responsabilidad de las personas jurídicas (…). Nada en el expediente induce a pensar que en el corto periodo en que ha estado vigente la redacción original del artículo 31 bis del Código Penal (menos de tres años) se hayan dado circunstancias que justifiquen esta importante limitación del alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”.

Le asiste toda la razón al Consejo de Estado en su segunda afirmación: cambiar tan radicalmente un modelo que no llegó a entrar en vigor es una muestra más del alarmante amateurismo que se ha instalado en la legislación penal española. Sin embargo, debe disentirse de su primera conclusión: la nueva cláusula de exención es cualquier cosa menos una vía amplia para la exención de responsabilidad.

Análisis

En las próximas líneas se expondrá que una lectura desprejuiciada del texto nos muestra una cláusula de muy difícil aplicación. Independientemente de cuáles fuesen los objetivos pretendidos por el Legislador, lo cierto es que la cláusula de exención exige la concurrencia de tantos y tan exigentes requisitos que su margen de aplicabilidad es bastante estrecho (contra lo que han sugerido prestigiosos penalistas, tanto favorables a la reforma como críticos con ella).

Los apartados 2 y 5 del art. 31 bis son una copia literal -con algún añadido menor- del art. 6 del Decreto Legislativo italiano 231/2001, que regula la responsabilidad de los entes colectivos por delitos. En este sentido, es sumamente interesante recordar que en los 15 años de vigencia de este precepto en Italia, la cláusula de exención de personas jurídicas en los casos de delitos de los altos responsables empresariales (o “apicali”) prácticamente no ha sido objeto de aplicación (y cuando lo ha sido, su aplicación ha sido anulada por vía de casación). Y ello es así porque, como he avanzado, los requisitos que exige son enormemente exigentes.

Ciertamente, el Código penal no dice mucho acerca de las características que deben reunir las medidas preventivas que la persona jurídica debe aplicar en ejercicio de este deber de control. El ya mencionado art. 31 bis 5 da una serie de requisitos que debe cumplir el “modelo de organización y gestión”, pero prima facie no parece decir mucho sobre el nivel de rigor que deben tener las medidas de prevención. Por ello, podría parecer –como algún autor ha apuntado- que este aspecto, ante el silencio del Legislador, sería la Jurisprudencia la que habría de concretar cuál es el nivel de exigencia que permite aspirar a la exención de responsabilidad.

Sin embargo, esto no es del todo cierto. El Legislador sí ha hablado en este punto.

En primer lugar, copiando literalmente el art. 6 Decr. Leg. italiano 231/2001, ha dicho que las medidas deben ser“idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza”. Convendremos por ahora en que, en efecto, se trata de un concepto que en efecto está librado a la interpretación judicial.

En segundo lugar, el legislador español, acaso preocupado por estar exigiendo demasiado, añadió una alternativa: “o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”. Se trata de uno de los escasos añadidos que el Legislador español no copió de la norma italiana, sino que lo introdujo de su propia cosecha. Parecería que con esto se permitiría la exención cuando la empresa hubiese dispuesto medidas de efectividad no tan alta como para evitar la comisión de delitos, pero sí para que la comisión del delito sea más difícil.

La clave interpretativa, no obstante, se encuentra en el requisito de “elusión fraudulenta”. El art. 31 bis 2 en su requisito 3º limita expresamente la exención a los casos en que “los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención”. De esta exigencia se deducen dos implicaciones fundamentales.

La primera es que las medidas preventivas deben ser de una naturaleza tal, que para cometer el delito deben ser soslayadas empleando medios fraudulentos. En este sentido, estas medidas no pueden consistir únicamente en directrices de conducta o códigos éticos si no se les añaden mecanismos reales de control, supervisión o vigilancia que obstaculicen o dificulten la comisión del delito. Una mera directriz de conducta que no esté acompañada de esos mecanismos no es una medida que requiera ser “eludida fraudulentamente”. Y ello no sólo se deduce de la mención a la elusión fraudulenta, sino del requisito de que las medidas reúnan “idoneidad preventiva o de reducción significativa del riesgo de comisión de delitos”: un mero código interno que prohíba la comisión de conductas delictivas en favor de la empresa (es decir: que prohíba lo que ya prohíbe la legislación penal) no reúne obviamente esa idoneidad.

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Por supuesto, es aquí donde el juez debe medir si los mecanismos de control han sido suficientemente idóneos o eran un mero trámite soslayable sin consecuencias. Imagínese que se demuestra que una empresa ha estado pagando cohechos durante años mediante pagos cuyo concepto se falsificaba de un modo absolutamente burdo sin que nunca fuese descubierto (por ejemplo: disfrazándolos como retribución de adquisiciones que nunca se recibían): parece caro que en tal caso no existía un sistema de control que redujese de forma significativa el riesgo de pagos ilegales. O, por ejemplo, que una empresa ha pagado cientos de miles de euros en sobornos desde una “caja B”: la propia existencia de una caja B de ese tamaño demuestra la inexistencia de un sistema efectivo de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de sobornos.

Pero además, el delito debe haberse cometido efectivamente eludiendo de modo fraudulento las medidas preventivas previstas en los modelos de organización y gestión. Es decir: no basta con que la medida contenga un control idóneo para impedir el delito y requiera para su elusión una actividad dirigida específicamente a burlarlo, sino que además el Código Penal específicamente exige para la exención que el autor haya desarrollado realmente esa actividad elusiva. En ausencia de prueba suficiente sobre este extremo, el Juez deberá negar la exención regulada en el art. 31 bis 2, pues se trata de un requisito objetivo.

De hecho, esto puede plantear no pocos problemas para sistemas preventivos absolutamente legítimos (de hecho, los más indicados para la supervisión de los actos de administradores), como son los controles ex post facto, que no sirven para impedir materialmente la comisión del delito, sino para hacerlo detectable y, así, intimidar al autor con la posibilidad de ser descubierto. ¿Qué debería hacer un juez ante el caso de una empresa que detecta la consumación de una conducta delictiva de uno de sus administradores en favor de la persona jurídica y reacciona de un modo radical, despidiéndolo e incluso denunciándolo? En estricta aplicación del art. 31 bis 2, dependerá de si el administrador eludió fraudulentamente el control (por ejemplo, falseando los datos para ordenar un pago ilegal sin que fuese detectado), o de si se limitó a cometer el delito sin preocuparse de ser descubierto (y precisamente por eso fue detectado por el sistema de la empresa). En este segundo caso, la más básica intuición nos dice que sería razonable no castigar a una empresa que ha sido diligente en la prevención del delito; sin embargo, en ausencia de una conducta a la que quepa llamar “elusión fraudulenta”, ¿cómo podría el Juez aplicar una exención que está legalmente supeditada a que se dé tal requisito? La solución, si es que la hay, no podrá venir por la vía del art. 31 bis 2.

Quien se aproxime al juego de los apartados 2 y 5 del artículo 31 bis CP verá que, además de los ya señalados, hay bastantes más obstáculos para la aplicación de la exención de responsabilidad penal a la persona jurídica por delitos de los administradores. Algunos de ellos, como la exigencia de “poderes autónomos de iniciativa y control”, (comentados en otros posts anteriores). Otros, como los supuestos en los que quepa hablar de “omisión o ejercicio insuficiente de sus funciones” por parte del órgano de vigilancia, requieren mucho más análisis (máxime, cuando las funciones de este órgano de “supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención” no han sido objeto de un mínimo desarrollo). Sin embargo, lo expuesto debería bastar como advertencia para quienes han querido ver en la cláusula comentada una vía de exención fácil a la que cabe acceder mediante la implantación de códigos internos en una empresa.”

Por Jacobo Dopico Gómez-Aller
Catedrático de Derecho Penal - Universidad Carlos III de Madrid

              

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El Grupo Volkswagen presenta las soluciones técnicas de los vehículos afectados

En este nuevo artículo recogemos las últimas informaciones oficiales sobre las distintas medidas técnicas que ya está empezando a publicar el Grupo Volkswagen para los motores diésel EA 189 de 1,6 y 2 litros de todo el grupo afectados por la manipulación de emisiones de gases contaminantes. La Oficina Federal de Transporte Automovilístico (KBA) ha dado su visto bueno a las soluciones, según afirma el grupo en un comunicado, que afectan a la mayoría de los 8,5 millones de vehículos que circulan por Europa.

Los motores diésel de 2 litros, según la empresa, solo necesitan una actualización del software, una operación que se puede llevar a cabo en una media hora. A los motores de 1,6 litros, además de esa actualización, se les debe colocar una rejilla para reducir las turbulencias del aire que entra en el caudalímetro del motor.

Las soluciones técnicas finales para el motor diésel de 1,2 litros serán presentadas a las autoridades alemanas a finales de este mes e incluirán, previsiblemente, una actualización del software.

“El objetivo del desarrollo de las medidas técnicas es alcanzar los objetivos de emisiones aplicables en cada caso sin ningún efecto adverso sobre la producción del motor, el consumo de carburante y el rendimiento”, asegura la empresa, que también señala que el logro de estos objetivos todavía no se puede confirmar de forma definitiva.

En la implantación de las correcciones, Volkswagen dice haber puesto el foco en la máxima satisfacción de los clientes. Para la compañía, este tipo de actuaciones demuestran que “ahora hay claridad acerca de la corrección de las irregularidades en la mayoría de los vehículos afectados”.

Sobre la base de estas medidas técnicas aceptadas por las autoridades alemanas, se están desarrollando los conceptos de servicio necesarios para los mercados de los Veintiocho países miembros de la UE.

La compañía afirma que se pondrá en contacto con los clientes afectados para solucionar el problema a partir de enero. Volkswagen ha dicho, además, que se asegurará de que el tiempo necesario para poner en práctica las medidas técnicas sea lo más breve posible.

Como venimos informando a los usuarios de la Plataforma de Afectados del Grupo Volkswagen, recomendamos no tomar ninguna decisión sin tener claro el alcance de las medidas técnicas a realizar en lo vehículos afectados.

En caso de tener alguna duda, puede ponerse en contacto con nosotros o bien unirse a la Plataforma  a través de la cual estará permanentemente informado

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Listado de vehículos Grupo Volkswagen afectados por emisiones altas (diesel y gasolina)

En las últimas semanas venimos informando en nuestro blog, así como a los usuarios y usuarias de la Plataforma de Afectados del Grupo Volkswagen y que asesoramos , de cómo el fraude de las emisiones ha alcanzado (por si fuera poco con la crisis de diésel y el fraude de las emisiones de NOx) en el caso del CO2, a los coches con motor de gasolina . Todo esto ha añadido cierta confusión en los usuarios a la hora de comprobar si su vehículo está entre los afectados.

Finalmente, el grupo Volkswagen ya ha identificado la totalidad de coches afectados por emisiones demasiado altas de CO2, y que, cómo ya anunció, son un total de 800.000  y de los cuales hay 50.000 en España.  También es importante destacar que cerca de 430.000 no se han vendido todavía sino que están en los concesionarios o preparados para la venta.

Por otro lado , VW ha publicado la lista de los modelos afectados, que son un total de 128 de todas sus marcas: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen y Volkswagen industrial.

#afectadosvolkswagen

Audi, Seat y Skoda

  • De Audi, sólo se encuentran afectados el A1 con motores 1.4 TDI y 1.6 TDI, con sus distintas cajas de cambios, y el A1 Sportback con las mismas motorizaciones.
  • De Seat, el Ibiza 5 Türer, 3 Türer y Sport Türer, con motores 1.0 TSI y 1.4 TDI de 75, 90 y 105 caballos de potencia. El Toledo 1.4 TDI 90. El Leon, Leon SC y Leon Sport Tourer 1.0 TSI, 1.4 TSI, 1.6TDI, 1.8 TFSI y 2.0 TDI.
  • De Skoda, el Fabia, Fabia Combi, Rapid y Rapid Spaceback con motores 1.4 TDI de 75, 90 y 105 caballos. También el Yeti 2.0 TDI, el Octavia y Octavia Combi 1.6 y 2.0 TDI, con sus distintas cajas de cambio, y el Superb y Superb Combi, 1.6 TDI y 2.0 TDI de 120 y 150 caballos.

Volkswagen

  • De Volkswagen, el Polo con motores 1.0 TSI y 1.4 TDI de 75, 90 y 105 caballos de potencia, el Jetta 1.2 TSI y 1,4 TSI, el Tiguan 2.0 TDI de 150 y 184 caballos, además del Scirocco 2.0 TDI de 184 caballos.
  • Del Golf están afectados el 1.4 TSI, el 1.6 TDI de 90 y 110 caballos, el 2.0 TDI de 150 caballos y los 2.0 TFSI de 220 y 300 caballos. Además, el Golf Variant 1.6 TDI de 90 y 110 caballos y el 2.0 TDI de 184 y el Golf Sportsvan 1.6 TDI de 90 y 110 caballos.
  • También el Touran 2.0 TDI de 150 caballos, el CC 2.0 TDI de 184 caballos, el Passat 1.6 de 120 caballos y el 2.0 de 150, así como el Passat Variant 1.4 TSE de 150 caballos, el 1.6 TDI de 120 caballos, el 2.0 TDI de 150 caballos y de 239 caballos, y el 2.0 TFSI de 220 caballos.

Respecto a los vehículos industriales, están afectados el Volkswagen Caddy 2.0 TDI de 75 y 102 caballos y el T6 2.0 TDI de 150 caballos.

Es conveniente que una vez que usted tiene la certeza de que su vehículo está entre los modelos afectados, disponga de la información necesaria y actuar en consecuencia. Para ello, la Plataforma de Afectados del Grupo Volkswagen a la que nuestro despacho asesora puede ser de su interés, manteniéndole permanentemente informado de las distintas actuaciones que se están poniendo en marcha.

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Entrevista a Manuel Dopico Gómez-Aller en Radio Galega (CRTVG)

Extracto de la entrevista realizada a Manuel Dopico Gómez-Aller por la Radio Galega el 5 de Noviembre de 2015 con motivo del fraude del Grupo Volkswagen y que , a día de hoy, continua sumando afectados a  las decenas de miles de los ya existentes en España.

También ha informado de la situación actual de esta caso y de los próximos pasos a seguir una vez que que la compañía ha aceptado su responsabilidad.

Finalmente, Manuel Dopico Gómez-Aller ha hablado del asesoramiento jurídico realizado a la Plataforma de Afectados por parte de Dopico Abogados informando sobre los derechos que asisten a los perjudicados por este fraude masivo

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Cómo reclamar a Grupo Volkswagen y por qué incluirte en nuestra Plataforma

Como ya hemos explicado en artículos anteriores de nuestro blog, en el Bufete Dopico Abogados estamos gestionando una plataforma de afectados por el fraude de grupo Volkswagen y, dadas las informaciones que están surgiendo en distintos medios de comunicación en relación a las reclamaciones que pueden efectuar los afectados, queremos explicar cuál es el modo de actuación que llevará a cabo este despacho

¿Por qué una plataforma de afectados?

La función principal de esta plataforma responde a la efectividad que ofrece la existencia de un grupo afectado por un mismo hecho, perfectamente localizado y dirigido por un objetivo común.
Se trata, en definitiva, de ejercer mas fuerza en la negociación extrajudicial o judicial, presentándonos como “Grupo afectado”.
La experiencia nos dice que las multinacionales “dan largas” a usuarios individuales descontentos (esperas telefónicas, soluciones parciales o insuficientes, plazos inciertos de respuesta…) pero que la cosa cambia cuando es un grupo perfectamente definido el que llama a su puerta.
Esto no quiere decir que el grupo sea asesorado como tal. La participación en nuestra plataforma de afectados, siguiendo el proceder habitual de nuestro bufete, incluye un tratamiento individual y personalizado con cada uno de los integrantes de la misma, adecuado a la problemática e intereses concretos.

¿Supone algún compromiso unirme a esta plataforma?

Ninguno.

Incluirse en nuestra plataforma, bien remitiendo el formulario que hemos facilitado en nuestra web, bien llamándonos directamente, no supone comprometerse a nada. Simplemente serás incluido en una lista privada de nuestro despacho a los simples efectos de mantenerte informad@ de los pasos que vayamos a dar.

¿Participar en la plataforma de afectados supondrá el incluirme en una demanda colectiva?

En ningún caso.

Deberemos estudiar junto a cada cliente las circunstancias concretas de su caso, personalizando la problemático e intereses a reclamar y ofreciendo la solución jurídica que más beneficie a cada perjudicado.

¿Demanda colectiva o individual?

Los criterios que regularán la procedencia de una reclamación colectiva o individual son fundamentalmente dos; la problemática concreta del vehículo y el interés del cliente en particular.
Sin perjuicio de que será el cliente, previo estudio por nuestra parte de su caso concreto, el que decidirá que desea hacer, habilitaremos la posibilidad de poder unirse a una o varias demandas colectivas fundamentadas en casos similares en cuanto a problemática en intereses. En tal caso, será el perjudicado el que decidirá si su reclamación se tramitará de manera individual o colectiva.

¿Se puede reclamar ya?

Si bien es cierto que, desde nuestro bufete entendemos que ya existe fundamento suficiente para solicitar la “resolución del contrato” por la compra de uno de los vehículos afectados, puesto que el propio Grupo Volkswagen ha reconocido que ha cometido un fraude comercializado vehículos que superan las emisiones de gases permitidas (a los que les instalaba un software que ocultada este hecho), consideramos recomendable esperar a que se confirme el hecho de que la supuesta reparación del vehículo supondrá una pérdida de prestaciones del mismo, confirmación que reforzaría las reclamaciones dirigidas contra la empresa alemana.

¿Por qué acudir a Dopico Abogados?

Porque somos un despacho de abogados con una larga trayectoria y experiencia contrastada, que cuenta con acreditados especialistas en materia de incumplimientos y nulidades contractuales, y en el que el trato con el cliente siempre es directo y personalizado.

Puedes unirte a la plataforma de afectados cubriendo este formulario

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Como afectado/perjudicado por el caso Volkswagen, solicito que, sin compromiso alguno por mi parte, se me incluya en la plataforma de afectados asesorada por el Bufete Dopico Abogados, para ser informado/a sobre las acciones extrajudiciales y judiciales que corresponde ejercitar para la defensa de mis intereses.

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El Grupo Volkswagen quiere reparar tu vehículo. ¿Sabes cómo?

Ya vamos conociendo más datos oficiales. También empiezan a confirmarse los plazos y las diversas medidas que va a adoptar el Grupo Volkswagen, para reparar los vehículos afectados por la modificación del software que falseaba las emisiones de los motores TDi de 2.0, 1.6 y 1.2 litros.  Los datos concretos que la empresa ha dado al respecto, son esclarecedores.

  1. El grupo Volkswagen ha dicho que pretende que todos los motores trucados estén arreglados antes de que finalice el año 2016.
  2. Los vehículos afectados con el motor 2.0 TDI de las marcas Volkswagen, Audi, Seat, Skoda y de los vehículos comerciales (Caddy y Transporter en todas sus variantes) comenzarán a llamarse a revisión a partir del mes de enero de 2016. El grupo Volkswagen cree que en estos motores basta cambiar el software manipulado por uno que cumpla con la normativa legal de emisiones de NOx.
  3. Los modelos que incorporen el motor 1.6 TDI de cuatro cilindros, sobre todo de la gama Volkswagen, Audi, Seat y Skoda, tendrán una solución más complicada que sólo cambiar el software. En la mayoría de los casos habrá que cambiar el catalizador, culpable del filtrado de los gases de NOx que expulsa el vehículo por el tubo de escape. E incluso los inyectores. Esto implica una reparación más costosa en tiempo. También sería más cara la reparación, pero el aspecto monetario no debe preocupar a los afectados porque el grupo Volkswagen en España ha perjurado que se hará cargo de la reparación.
  4. No hay noticias por parte del grupo Volkswagen de qué va a ocurrir con el motor 1.2 TDI de cuatro cilindros.
  5. No hay fechas concretas. Los afectados que hayan metido su número de bastidor en las páginas web habilitadas por Volkswagen,Audi,Seat,SkodayVehículos Comerciales. Si se llama al número de afectados habilitado, el 900 180 361, donde le remitirán hacia las webs mencionadas ya que en ellas hay que rellenar un formulario.
  6. Los coches son seguros y aptos para circular hasta que estén reparados. Una vez solucionado el problema los dirigentes de Volkswagen aseguran que el vehículo podría perder entre 3 y 5 km/h de velocidad. No dicen si el vehículo consumirá más, ni si se le restará potencia.

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El anuncio de las medidas es “inminente”. En algunos casos bastará con un cambio de software pero en otros podrían modificarse el catalizador y/o los inyectores.

 Estos son los datos oficiales que conocemos a día de hoy. La red de concesionarios todavía no conoce el plan de actuación ni el calendario de las llamadas a revisión.
 
Recuerda que puedes consultarnos cualquier duda a través de nuestro blog o recibir información de las distintas acciones judiciales y extrajudiciales que se lleven a cabo a través de la Plataforma de Afectados del Grupo Volkswagen
 
 

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