Reclamaciones de los afectados ante el fraude del Grupo Volkswagen

Estimados Señores y Señoras, Como habrán podido saber a través de los medios de comunicación, Volkswagen está trabajando con la máxima urgencia en esclarecer las irregularidades detectadas en relación al uso de un software utilizado en los motores diesel de algunos de nuestros vehículos

Con estas palabras comenzaba el comunicado de Volkswagen España emitido el pasado día 25 de Septiembre de 2.015 a raíz del escándalo suscitado en EE.UU.

Las miradas internacionales se centraban en el gigante alemán cuando, tras el estudio sobre emisiones contaminantes en vehículos diesel, encargado por la ONG estadounidense “International Council on Clean Transportation” a la Universidad de Virginia Occidental, se desvelaba que las emisiones de dos modelos Volkswagen superaban hasta en 30 veces los límites permitidos legalmente.

Las irregularidades cometidas por Volkswagen en la fabricación de sus modelos diesel radican en el “trucaje” del software instalado en los mismos, que mantiene los niveles de emisiones en los mínimos exigidos cuando el vehículo está encendido pero no está en circulación; cuando el vehículo empieza a circular, los niveles de emisiones se disparan enormemente. La empresa instaló el programa espía a coste cero o mínimo, con el fin de ahorrarse costes y traspasar los controles de las autoridades medioambientales, dado que estos controles se efectúan con los vehículos parados.

Según el grupo Volkswagen, la cifra de vehículos afectados en España asciende a 683.626. A pesar de no haber dado a conocer de manera oficial que modelos concretos son los afectados, se han ido filtrando los modelos afectados (en sus versiones diesel);

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Audi
A1, A3, A4, A5, A6, Q3, Q5, TT

Seat
Alhambra, Altea, Altea XL, Exeo, Ibiza, León, Toledo

Skoda
Fabia, Octavia, Rapid, Spaceback, Scout, Superb, Yeti

Volkswagen
Amarok, Beetle, CC, Golf, Jetta, Multivan, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran

En cualquier caso, habrá que esperar que la empresa alemana confirme en los próximos días los modelos afectados.

Respecto a qué ocurrirá con los vehículos “trucados”, la versión más razonable y de la cual se están haciendo eco los medios de comunicación, es que Volkswagen asumirá la sustitución o modificación, como no podía ser de otra manera, del “software malicioso”. Sin embargo, y con la debida prudencia al respecto, parece ser que esta reparación traerá consigo una merma en las prestaciones del vehículo y un aumento de su consumo.

Las consecuencias de este cambio en las prestaciones de los vehículos afectados, conllevará un claro incumplimiento contractual por parte de Volkswagen, modificando sustancialmente las condiciones del producto vendido y causando, en consecuencia, un perjuicio directo y cuantificable a los usuarios, que debe ser objeto de indemnización, por lo que todos los usuarios de estos modelos de Volkswagen afectados, tendrán pleno derecho para ejercitar las oportunas reclamaciones por incumplimiento contractual contra la empresa alemana.

Parece ser que este próximo fin de semana, Volkswagen dará a conocer información de los modelos afectados por este fraude, así como teléfonos de contacto gratuitos para que los propios usuarios y posibles damnificados, consulten si su vehículo se encuentra entre los mismos.
En consecuencia, las preguntas que toda persona propietaria de uno de estos vehículos afectados se hará son;

  • ¿Qué puedo hacer si mi vehículo se encuentra entre los afectados por el fraude de Volkswagen?
  • ¿Cómo iniciar una reclamación en caso de que mi vehículo sufra una minoración en sus prestaciones?

Pues bien, en Dopico Abogados ya estamos asesorando a nuestros clientes en relación a esta nueva problemática y estamos en disposición de prestar asesoramiento a cuantos afectados se pongan en contacto con el despacho. Debido a ello, y ante la necesidad de dar respuesta y cobertura legal a nuestros clientes, hemos decidido poner en marchar una campaña de asesoramiento con el objetivo de, en caso de ser necesario, interponer demandas colectivas o individuales, según el caso, en aras de obtener un resarcimiento integral de los perjuicios causados a los propietarios de estos vehículos.

Si eres uno de los afectados por el fraude de Volkswagen, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, si quieres recibir información actualizada puedes acceder a la Plataforma de Afectados del grupo Volkswagen

DOPICO ABOGADOS
Vigo
juridico@bufetedopico.com
986.222.881

 

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Presentación de la nueva web de Dopico Abogados

Esta es la imagen de nuestra nueva web, la imagen digital de Dopico Abogados. Más dinámica y moderna aunque sin perder de vista nuestras señas de identidad.

Queremos consolidar nuestro compromiso de garantía y profesionalidad. Para ello, ponemos a su disposición una nueva vía de contacto a través de nuestra web.

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Presentación web Dopico Abogados – Created with Haiku Deck, presentation software that inspires

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De nuevo: La Ley de defensa del delincuente tributario

En esta ocasión, contamos en nuestro blog con la excelente aportación de  Jacobo Dopico Gómez-Aller, asesor en derecho penal de Dopico Abogados y catedrático de derecho penal de la universidad Carlos III de Madrid. Este artículo, con alguna ligera modificación, coincide con el publicado en eldiario.es el pasado 5 de Abril de 2013 :

Imagine –sólo como hipótesis de trabajo– que no siente usted ningún tipo de deber en conciencia hacia la Hacienda Pública. Que sólo paga sus impuestos por el miedo a lo que pueda pasar si le pillan (y en la medida en que sienta el riesgo de que le puedan pillar).

Imagine también que, además de carecer de moral tributaria, gana usted anualmente mucho dinero (la combinación no parece imposible). Por ello, en su declaración del IRPF debe usted pagar más de 120.000 euros al Fisco.

Usted sabe que defraudar más de 120.000 euros a la Hacienda Pública es delito, por lo que si es descubierto será condenado a una pena de prisión de 1 a 5 años y a una multa del tanto al séxtuplo de la cantidad defraudada (art. 305.1 CP).

Por supuesto, con suerte y unos buenos servicios jurídicos podría reducir ese riesgo. Y si las cosas se ponen feas y le van a condenar, el objetivo de su abogado será buscar una pena de prisión por debajo de dos años, pues si no tiene usted antecedentes, es muy probable que se suspenderá su ejecución. Eso sí, la multa no se la quita nadie: hasta seis veces lo que haya defraudado (además, claro, de pagar lo que debía).

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Este es el escenario teórico. Usted, como persona que sólo cumple con el fisco por miedo a las consecuencias, calculará ahora los concretos riesgos y verá si defrauda o no; en qué medida y por qué conceptos.

Ahora imagínese que las cosas son distintas: que vive en un país con un Gobierno cariñoso con los delincuentes fiscales. Ese Gobierno propone cambiar la ley en estos términos: si un delincuente fiscal es descubierto y resulta imputado, tiene un cómodo plazo de dos meses para pagar su deuda tributaria. Si lo hace, podrá obtener una rebaja extraordinaria de la pena, que permite reducirla hasta niveles ridículos: la pena de prisión quedará por debajo de un año (podría llegar a ser incluso de tres meses), por lo que alguien sin antecedentes jamás la cumpliríaLa multa estará siempre por debajo de la cifra defraudada, y podrá ser de la mitad o incluso de la cuarta parte de dicha cifra.

Finalmente, imagine que las Cortes aprueban tal regulación.

Art. 305. 6. Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del delito.

Ante esta situación, su análisis de riesgos varía. Usted juega con las probabilidades de ser descubierto; pero sabe que jamás irá a prisión, pues lo peor que le puede pasar es tener que pagar su deuda tributaria y una multa ínfima. ¿Tendría usted más incentivos para defraudar al Fisco? La respuesta es obvia: .

Pues bien: el día de los santos inocentes de 2012 el BOE publicaba ese maravilloso regalo a todos los defraudadores tributarios de España, así como a quienes cometan fraudes a la Seguridad Social o fraudes de subvenciones. El nuevo artículo 305.6 del Código Penal contiene una rebaja facultativa de pena que les permitirá comprar su práctica impunidad en el caso de verse descubiertos, y por cierto a cambio de un precio muy bajo: pagando su deuda tributaria más una multa ridícula (¡siempre por debajo de la cifra defraudada!), podrán eludir la pena de prisión por la vía de la suspensión, ya que en virtud de esta superatenuante quedará por debajo de seis meses o, como mucho, de un año.

Además, el plazo para decidir si pagan tan bajo precio a cambio de eludir la cárcel es holgado: dos meses desde que el defraudador reciba la citación como imputado (han leído bien: no dos meses desde que el defraudador comete los hechos, ni desde que es descubierto, ni desde que se inicia el procedimiento penal, no: dos meses desde que le citen a declarar en el Juzgado como imputado.

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¿Se nos olvida algo? Ah, sí, el colofón: la Ley prevé expresamente (art. 305 bis 2) que este tratamiento VIP sea aplicable incluso a los megadelincuentes fiscales: los que usan testaferros o empresas de pantalla en paraísos fiscales, defraudan cantidades que superan los 600.000 euros, casos de crimen organizado…

Como pueden imaginar, esta rebaja extraordinaria no se aplica a los demás delitos. Si un ladrón o un estafador devuelven lo robado o estafado después de ser citados como  imputados, se les aplicará una pequeña atenuación por reparar el daño causado antes del juicio, pero no reciben este obsequioso trato que la Ley reserva para los grandes defraudadores al fisco.

Asistimos, pues, a la destrucción de cualquier posibilidad de que el Derecho penal tributario llegue a tener en España una mínima capacidad intimidatoria. Las consecuencias de esta reforma las experimentaremos durante los próximos años. Las razones contenidas en la Exposición de motivos de la Ley no son fácilmente comprensibles: ¿por qué querría el Gobierno debilitar el sistema de ingresos fiscales, especialmente en relación con quienes más dinero deben pagar a la Hacienda Pública? (recuérdese que, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, la mayor parte del fraude fiscal es cometido por las grandes empresas y las grandes fortunas).

  • La excusa de que“de este modo se logra que el Fisco cobre antes” no es aceptable: esta agilización del cobro –que sólo operaría en los escasísimos supuestos en que se logra iniciar un procedimiento penal– tendría un coste incomprensible: al proteger de esta manera al delincuente fiscal, se introducen unos incentivos extraordinarios para que se cometan nuevos fraudes tributarios.
  • Por lo demás, recuerden que esa misma reforma de 2012 introdujo la posibilidad de que Hacienda cobre la deuda tributaria con el defraudador a pesar de la pendencia del proceso penal ( 305.5 in fine), por lo que el Erario Público ya puede ejercer la acción de cobro sin esperar a que concluya el procedimiento penal. Por ello, decae la justificación clásica de que “con esto se evita tener que esperar a que los procedimientos penales terminen para poder cobrar, con los riesgos de insolvencia sobrevenida que ello implica”.

La reforma de 2012 ha consagrado, pues, el fracaso de nuestro sistema penal tributario, al blindar legalmente lo que poco a poco ya casi se había logrado por otras vías: que los delincuentes fiscales no pisen la prisión.

Jacobo Dopico Gómez-Aller
Catedrático acreditado de Derecho Penal
Abogado

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Crisis matrimonial. ¿Tu casa, mi casa?

Este artículo de MJ Letrada, nos ha servido de inspiración para abordar en nuestro blog uno de los primeros escollos que hay que librar ante la crisis matrimonial. No cabe duda que una de las medidas más conflictivas de carácter patrimonial es la relativa a la atribución del uso de la vivienda que constituyó la sede de la familia.

Normalmente en la mayoría de los casos nos encontramos con una vivienda principal sobre la que existe una carga hipotecaria más o menos importante, siendo un hecho, además, que la situación del grupo familiar no es la misma antes que después de la separación o divorcio. Si pensamos en el caso más común de matrimonio con hijos menores y una única vivienda (la familiar) que, tras la ruptura, habrá de abandonar uno de ellos, continuar abonando el préstamo que grava la misma y bloqueándose de esta manera, con la atribución del uso, la disposición del patrimonio común.

Queremos destacar del articulo de nuestra colega una serie de argumentos que consideramos imprescindible conocer para gestionar, en la medida de lo posible, esta situación.

Nuestro código civil, no recoge excepciones a la regla taxativa contemplada en el artículo 96, ya que en defecto de acuerdo, el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos menores y al cónyuge en cuya compañía queden.

De un lado, teniendo siempre muy presente el interés prevalente del menor en estas situaciones, que obligará a realizar un examen minucioso de las circunstancias personales, económicas, familiares, sociales y culturales del grupo familiar, a fin de evitar en lo posible un factor de riesgo para la estabilidad del niño, de manera que la finalidad no es otra que procurar el mantenimiento del status, si no similar, parecido al que disfrutaba el menor hasta el momento de la separación o divorcio de sus padres.

Del otro, tomando en consideración que esa atribución del uso de la vivienda no ha de suponer ni implicar una expropiación del propietario, debiéndose de evitar o conjurar situaciones de auténtico abuso de derecho que no quedarían amparadas ni por el artículo 96 ni por el artículo 7 del código civil (SSTS de 29 de marzo de 2011 y 5 de noviembre de 2012).

Y así, jurisprudencia muy reciente del Tribunal Supremo ha ido aplicando de forma flexible el artículo 96 del código civil cuando concurran algunos de estos factores:

  • El carácter no familiar de la vivienda sobre la que se establece la medida.

Porque como dice la sentencia de 17 de junio de 2013 (RJ 2013,4375), una cosa es el uso que se hace de la misma vigente la relación matrimonial y otra distinta que ese uso permita calificarla de familiar si no sirve a los fines del matrimonio porque los cónyuges no cumplen con el derecho y deber propio de la relación.

Como bien saben, la sentencia está contemplando el supuesto de inmueble cedido por terceros propietarios por razón del matrimonio: el caso más común, el que realizan los padres en favor de sus hijos para que se convierta en su hogar familiar.

  • Que el menor no precise de la vivienda por encontrarse satisfechas las necesidades de habitación a través de otros medios.

El Tribunal Supremo en la reciente sentencia de 18 de mayo de 2015, vuelve a reiterar la regla taxativa de no limitación del uso de la vivienda familiar, tomando como eje central el interés prevalente del menor que en modo alguno pasa por liberar la medida del uso, por mucho que en estos momentos de crisis económica se hayan puesto en cuestión algunos de los postulado que permitieron su inicial redacción y que se han complicado especialmente en los casos de guarda y custodia compartida, haciendo inexcusablemente necesaria una completa regulación”.

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Pese a ello, reconoce la existencia de determinados factores que van a eliminar la aplicación rigorista de la norma: el carácter no familiar de la vivienda sobre la que se establece la medida; y que el hijo no precise la vivienda porque ya tiene cubiertas sus necesidades de habitación por otros medios.

El supuesto de hecho que contempla la sentencia es el divorcio de un matrimonio con un hijo menor de edad al que le restan nueve años aún para alcanzar la mayoría de edad. El grupo familiar cuenta con una una única vivienda, la familiar, que hasta el momento de la ruptura ha constituido la sede del grupo. La progenitora custodia está en el paro, pero reconoce no estar dada de alta en el INEM y que no ha intentando presentar currículo en empresas pese a que ha estado cursando estudios hasta la selectividad. Cuenta con 39 años de edad, edad joven con posibilidades de acceso al mercado laboral por formación y por edad.  El progenitor no custodio trabaja para la Junta de Castilla y León, tiene unos ingresos fijos de unos 1443 euros.

Como medidas de carácter económico se interesa por parte del progenitor no custodio la atribución del uso de la vivienda que fuera familiar a la madre y al hijo en cuya compañía queda, si bien limitada al momento de la liquidación de la sociedad legal de gananciales. Disuelta la sociedad, la madre deberá proporcionar al menor el alojamiento para cubrir sus necesidades. En todo caso, añade, el disfrute de la vivienda no se extenderá más de tres años desde la sentencia de divorcio.

Dictada sentencia el 21 de marzo de 2013, por el Juzgado de Primera Instancia de Valladolid nº 10, (que en modo alguno limita temporalmente la atribución del uso de la vivienda), la misma es apelada por el progenitor no custodio y la Audiencia Provincial de Valladolid, en sentencia de 23 de septiembre de 2013, la va a revocar en el sentido de atribuir el uso de la vivienda familiar a la madre e hijo menor hasta el momento de la liquidación de la sociedad de gananciales, con un límite máximo de tres años, argumentando que el artículo 96 no prohíbe efectuar limitaciones temporales y que éstas pueden estar justificadas cuando tienen por objeto adaptar la situación patrimonial de la familia a las nuevas circunstancias económicas, intentando hacer compatible los intereses de los hijos con los de sus progenitores. Continua afirmando que no hacer estas asignaciones exclusivas es factible si con la venta o liquidación o reparto se puede seguir cumpliendo con suficiencia y dignidad los deberes de los padres de proporcionar habitación a sus hijos de acuerdo a las posibilidades de la familia tras la ruptura.

En apoyo de estos argumentos hace referencia a la sentencia de 29 de marzo de 2011 (que mantiene el criterio de que no atribución de la vivienda al menor, cuando éste ya tenga cubiertas sus necesidades de habitación) y la de 17 de junio de 2013 (que establece la posibilidad de temporalizar el uso del domicilio teniendo en cuenta la existencia de otras viviendas de titularidad común donde cubrir de forma satisfactoria las necesidades del hijo, siendo la familiar una finca de explotación donde existen instalaciones arrendadas a terceros).

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El Supremo en esta sentencia de 18 de mayo de 2015 va a casar y anular la dictada por la Audiencia Provincial de Valladolid, Sección 1ª, de 23 de septiembre, por razones obvias:

El artículo 96, a diferencia de lo mantenido por la Audiencia de Valladolid, no permite una interpretación temporal limitadora, porque el principio que aparece protegido en esa disposición no es otra que el del interés superior del menor, el cual requiere alimentos que deben prestarse por los titulares de la patria potestad, entre los que se encuentra la habitación (art.142). Y añade, “sólo en los casos en los que esa necesidad esté cubierta por otros medios no se hará precisa la atribución del domicilio familiar”.

En el caso contemplado nada de esto se produce, pues la vivienda sigue teniendo la consideración de familiar y no existe ninguna otra que cubra las necesidades del hijo.

 

Así en la exposición de motivos se razona:

“Las reglas sobre la atribución del uso de la vivienda familiar presentan novedades importantes. A pesar de partir de atribuirlo, preferentemente, al cónyuge a quien corresponda la guarda de los hijos, se pone énfasis en la necesidad de valorar las circunstancias del caso concreto. Por ello, se prevé que, a solicitud del interesado, pueda excluirse la atribución del uso de la vivienda familiar si quien sería beneficiario tiene medios suficientes para cubrir sus necesidades y las de los hijos, o bien si quien debe cederlo puede asumir y garantizar suficientemente el pago de los alimentos a los hijos y la prestación que pueda corresponder al cónyuge en una cuantía que permita cubrir las necesidades de vivienda de éste.

Inversamente, si pese a corresponder a un cónyuge el uso de la vivienda por razón de la guarda de los hijos es previsible que la necesidad de éste se prolongue después de llegar los hijos a la mayoría de edad, la atribución del uso de la vivienda familiar puede hacerse inicialmente por este concepto. En todo caso, la atribución por razón de la necesidad es siempre temporal, sin perjuicio de que puedan instarse las prórrogas que procedan. Quiere ponerse freno a una jurisprudencia excesivamente inclinada a dotar de carácter indefinido la atribución, en detrimento de los intereses del cónyuge titular. La materia se completa estableciendo criterios para la distribución de las obligaciones por razón de la vivienda y para la resolución del caso, muy frecuente a la práctica, en que algún familiar próximo haya cedido un inmueble para que vaya a vivir el matrimonio. Como ha reiterado la jurisprudencia, quienes ocupan la vivienda familiar en condición de precaristas no pueden obtener una protección posesoria superior a la que el precario proporciona a la familia. Si la posesión deriva, en cambio, de un título contractual, es preciso ajustarse a lo establecido por éste, sin perjuicio de la posibilidad de subrogación que prevé la legislación de arrendamientos.

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Ley de Navegación Marítima. Novedades

El pasado 25 de septiembre entró en vigor la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, publicada en el BOE el pasado 25 de julio. Se trata de la más importante y esperada normativa del ámbito marítimo, que formula un régimen general sobre el tráfico marítimo moderno y homologable con el resto de países de la UE y de la OCDE. Esta ley termina con la vigencia de una normativa ampliamente desfasada, como es el Libro III del Código de Comercio de 1885. Los principales objetivos de esta ley, además de los consabidos de actualización y codificación, son la coordinación de nuestra normativa con el Derecho Marítimo Internacional y la máxima adecuación a la práctica actual del transporte marítimo.

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La génesis de la Ley General de la Navegación es larga y compleja: nace en noviembre de 2004 como Propuesta de Anteproyecto de Ley General de Navegación Marítima, en julio de 2006 se convierte en Anteproyecto de Ley General de Navegación Marítima ALGENMAR y llega a las Cortes en diciembre de 2008 como Proyecto de Ley General de Navegación Marítima, sin que se llegara a tramitar. En noviembre de 2012 el Consejo de Ministros lo retoma de nuevo como Anteproyecto de Ley de Navegación Marítima. En noviembre de 2013 se presenta al Congreso de los Diputados como Proyecto de Ley y el 13 de mayo de 2014 es aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, remitiéndose al Senado para su tramitación. El 8 de julio el Pleno del Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Navegación Marítima. El texto publicado en el BOE el pasado 25 de julio no difiere sustancialmente del mencionado Proyecto de Ley.

Una de las características más importantes de la ley y uno de los hechos que ha contribuido de manera singular a su generalizada aceptación, es el consenso y participación de los distintos agentes marítimos en su desarrollo. La recuperación del anterior proyecto de ley y su conversión en la ley de navegación marítima se ha efectuado a través de un proceso de revisión, contando con la colaboración del sector. Dentro de esta participación cabe destacar las siguientes entidades : la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE),Pequeños y Medianos Astilleros (PYMAR), la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO), la Asociación Nacional de Remolcadores de España (ANARE), la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), la Asociación Española de Grandes Yates (AEGY), la Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA) e incluso empresas como Navantia, Mapfre y despachos especializados.

Como decíamos con anterioridad, la nueva regulación responde a tres propósitos principales:

•    Dotar a nuestro ordenamiento jurídico de la necesaria homogeneidad con el Derecho Marítimo Internacional adoptado con generalidad por los países marítimos de la UE y OCDE, como exige un tráfico caracterizado por su transnacionalidad.

•    Proporcionar seguridad jurídica, al asegurar un perfecto engarce con las normas españolas, europeas y Convenios internacionales hoy vigentes, tanto de Derecho Público como Privado. Esto facilitará lainterpretación unívoca de esas normas por los tribunales.

•    Y una razón basada en el pragmatismo, que exige que nuestro Derecho, por una parte, refleje la realidad práctica actual del transporte marítimo y, por otra, tenga en cuenta las consecuencias económicas y de todo orden que puedan derivarse de las modificaciones introducidas.

Otro importante objetivo de la norma es la determinación del responsable de cualquier hecho que tuviera lugar en el medio marino, que con la nueva ley gira en torno a la figura del armador, responsable de los actos u omisiones del capitán y de las demás personas que haya contratado.

La materia regulada se ha estructurado alrededor de los siguientes elementos,ejes ordenadores de la materia de la navegación:

•    el medio acuático en el que se realiza la navegación
•    el vehículo con el que se realiza la navegación
•    la persona que organiza los instrumentos con los que se realiza el desplazamiento por el agua
•    actividad principal realizada

PRINCIPALES NOVEDADES DE LA LEY:

En la nueva ley, el unitario concepto clásico del buque se articula en tres categorías – buques, embarcaciones y artefactos navales- agrupadas bajo la denominación genérica de vehículos de la navegación. A estas categorías se añade la de plataformas fijas, claramente diferenciadas de los artefactos navales y con relevancia en distintas normas.

Se regula por primera vez los contratos de construcción naval y de compraventa de buques (Título II).

La presente ley aclara los conceptos legales de los sujetos que organizan la actividad de la navegación, es decir del armador y del naviero. También se contempla una nueva regulación de su publicidad y responsabilidad, así como del condominio naval (Título III).

Por otro lado se contempla una regulación sistemática de los contratos de utilización del buque. Unificación legal del fletamento como contrato de transporte marítimo de mercancías, con submodalidades de fletamento por viaje, por tiempo, contrato de volumen, y contrato de transporte de mercancías determinadas en régimen de conocimiento de embarque. También es importante destacar una nueva regulación de los contratos de arrendamiento, de arrendamiento náutico, de pasaje y de remolque, en sus diversas modalidades (Título IV).

Se regulan por primera vez en nuestro Derecho los contratos auxiliares de la navegación: contrato de gestión naval; contrato de consignación de buques; contrato de practicaje; y contrato de manipulación portuaria (Título V). Frente a la posición adoptada por nuestra jurisprudencia, el legislador ha optado por seguir la solución mayoritariamente defendida en la doctrina, consistente en no hacer al consignatario responsable de las pérdidas o daños sufridos por la carga durante el transporte.

Además de los clásicos accidentes de abordaje, avería gruesa y salvamento, se regula la responsabilidad civil por contaminación y el régimen de los bienes naufragados o hundidos, todo ello de conformidad con los Convenios internacionales vigentes en España. La vieja institución del “hallazgo” desaparece y se sustituye por un procedimiento especial para el salvamento de bienes desposeídos y de propiedad desconocida (Título VI).

Se regula, de nuevo cuño en nuestro Derecho de origen interno, la limitación global de responsabilidad por créditos marítimos, siguiendo fielmente las normas uniformes sobre la materia y subordinando el derecho a limitar a la constitución del correspondiente fondo de limitación (Título VII).

La nueva normativa ofrece una regulación más actualizada del contrato de seguro marítimo, incluyendo normas especiales para el seguro de buques, el de las mercancías y el de responsabilidad civil.  Tras sucesivos cambios acaecidos durante su tramitación, finalmente la Ley ha seguido la solución recogida en el primer Anteproyecto, estableciendo la acción directa del perjudicado frente al  asegurador de la responsabilidad civil, incluyendo los seguros de cobertura del riesgo de nacimiento de determinadas obligaciones de indemnizar a terceros, lo que sin duda comprende a los llamados seguros P&I (Título VIII).

Se recoge también  un nuevo conjunto de especialidades procesales en los procedimientos de Derecho Marítimo (embargo preventivo; venta forzosa de buques; procedimiento para limitar la responsabilidad) (Título IX).

Determinados procedimientos, antes de jurisdicción voluntaria, se desjudializan pasando a ser de competencia notarial, mediante procedimientos de certificación pública: protesta de mar; liquidación de avería gruesa; depósito y venta de mercancías y equipajes en el transporte marítimo; expediente sobre extravío, sustracción o destrucción del conocimiento de embarque; enajenación de efectos mercantiles (Título X).

La Ley General de la Navegación Marítima es una normativa muy esperada y consensuada por los distintos agentes marítimos, sobre la que hay una satisfacción generalizada y que proporciona una seguridad jurídica y una modernización que se merecía el sector marítimo español.

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Cómo saber si tu hipoteca tiene cláusula suelo

Durante las últimas semanas, en nuestro blog, hemos estado hablando ampliamente de cómo reclamar una cláusula suelo abusiva pero quizás no hemos hablado demasiado sobre la primera pregunta que se hacen los afectados por esta circunstancia. “¿Cómo saber si mi cláusula suelo es abusiva?”

La verdad es que resulta bastante sencillo, sólo hay que mirar hacia el Tribunal Supremo. En su sentencia del 9 de mayo de 2013, fijó unos criterios de transparencia que obligatoriamente deben cumplirse para considerar que la cláusula suelo de tu hipoteca sea legal. En el caso de no haberse cumplido (algo que ha ocurrido en el 99% de los casos) tu cláusula suelo es abusiva y, por tanto, se puede iniciar un proceso legal.

Leyendo la totalidad de la sentencia, encontramos cuales son los criterios de transparencia en el apartado séptimo (Ar. 3088).

Aquí pretendemos explicar y de la forma más sencilla posible, el contenido de un texto jurídico muy denso y altamente especializado,

La creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el que las oscilaciones a la baja del índice de referencia, repercutirán en una disminución del precio del dinero

Hablando en plata, el banco te dio a entender que si bajaba el Euríbor, bajaba la letra de tu hipoteca, aún sabiendo que tenías una cláusula suelo que limitaba dicha bajada.

La ausencia de la información necesaria y suficiente de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato

El banco tendría que haberte explicado que la cláusula suelo es una parte determinante de tu hipoteca ya que influye directamente sobre lo que vas a pagar en tus cuotas

La creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación inescindible la fijación de un techo

El banco te da a entender que, como tu hipoteca tiene establecido un techo, el suelo les protege a ellos y el techo te protege a ti. Has de tener en cuenta que, la existencia de un techo no sirve para justificar tu cláusula suelo. En casi todos los casos el techo se ha colocado muy por encima del 5,5%, el máximo registrado del Euríbor. En la mayoría de los casos están en torno al 10%, 12%, 15%… Y en algunos casos, incluso en el 25%.

Su ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor en el caso de las utilizadas por el BBVA

El banco “esconde” la presencia de la cláusula suelo entre multitud de datos que abruman al afectado de tal forma que no entiende cómo le influye este límite a la variación del tipo de interés. Esto ha ocurrido sobre todo con las del BBVA (una de las entidades demandadas en la sentencia del 9 de mayo de 2013).

La ausencia de simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, en fase precontractual

Es decir, el banco en ningún momento te presentó distintos escenarios en los que te mostraba cómo te influiría tener una cláusula suelo. Por ejemplo, el Euríbor al 2,5% + tu diferencial de 1%: 3,5%. Si tienes una cláusula suelo del 4%, pagarás un 4%. Y así con varios supuestos.

Inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad

El banco debería haberte informado de qué otras opciones tenías. Por ejemplo, si en vez de cláusula suelo te pusiera sólo Euríbor, aunque con un diferencial más alto. O qué otros tipos de interés además del Euríbor existen, etc.

Si en la contratación de tu hipoteca con cláusula suelo con tu banco se dieron alguno de estos supuestos, tu cláusula suelo es abusiva. Y puedes demandar. En cualquier caso, en bufetedopico.com estudiamos tu caso de forma gratuita, y te decimos si tu reclamación es viable. ¿A qué esperas? El 99% de los casos se ganan.

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