Custodia compartida. Más de un año de espera en los informes de la familia

No es la primera vez que tratamos este tema en nuestro blog, pero si desde este punto de vista. Es un hecho que el aumento de los divorcios y las peticiones de custodia compartida han generado un aumento importante en las solicitudes de informes psicosociales en los juzgados. Los abogados de familia son unánimes en su demanda de refuerzos de los equipos de psicólogos forenses con la finalidad de paliar el atasco de expedientes que dilata en el tiempo los procesos judiciales.

Los mejores argumentos son los que nos aportan los datos del INE. Cada año se conceden 9.000 custodias compartidas en España por lo que teniendo en cuenta el aumento de los procesos de divorcio así como de las demandas de custodia compartida (cuya concesión ha pasado del 14,6% al 17,9% en un año), se ve incrementada de forma considerable la carga de trabajo de psicólogos y trabajadores sociales adscritos a los juzgados, profesionales que exploran a las familias y que con sus informes ayudan a los jueces a decidir con quién vivirán los hijos en común de parejas rotas.

En situaciones de custodias compartidas, estos informes sirven para ratificar que los dos padres son aptos para cuidar del niño. Los abogados de familia denuncian que el exceso de trabajo de estos equipos está produciendo retrasos generalizados en casi todas las demarcaciones judiciales, llegando a cotas de colapso en algunos juzgados y que pueden suponer esperas superiores a un año para que los progenitores y los hijos puedan ser examinados. En declaraciones a la publicación digital 20minutos, el presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEFA), Gonzalo Pueyo, califica de “muy grave” el atasco de expedientes de los equipos psicosociales en los juzgados que llevan asuntos de familia. Pueyo no duda en achacar la situación a la falta de recursos en la que “los recortes han tenido mucho que ver”. Abogados, psicólogos y el Defensor del Pueblo han pedido al Ministerio que solucione los atascos ya que los informes psicosociales son la valoración del núcleo familiar tras la separación o el divorcio para poder elegir la opción más adecuada respecto a la custodia de los hijos y para valorar si los padres son aptos para cuidar a sus hijos en situaciones de custodias compartidas.

No olvidemos que estos informes también se utilizan cuando alguna de las partes presenta una demanda de modificación del régimen de visitas. Las exploraciones, que se hacen a padres e hijos, pueden ser solicitadas tanto por las partes en litigio como a instancias del juez. La tarea de los psicólogos, es descartar psicopatologías y otras disfuncionalidades en los padres y evaluar la capacitación de los progenitores para ofrecer a sus hijos la mejor alternativa de custodia. Para ello basan su análisis en cómo han actuado a lo largo del tiempo y cómo planean hacerlo a partir de la separación.

El retraso en los informes provoca demoras que “dilatan los procesos de divorcio, alargando la etapa más tensa de una separación, que es siempre justo la anterior a que el juez dicte sentencia sobre la custodia”, señala el presidente de los abogados de familia, Gonzalo Pueyo. En su despacho particular, este letrado lleva precisamente el caso de un padre que ve a sus hijos una vez al mes y que en mayo de 2014 solicitó la ampliación del régimen de visitas fijado por el juez. Han pasado diez meses y su defendido continúa sin cita para la exploración psicosocial. Según sabemos los técnicos del juzgado extremeño en el que se tramita la demanda han enviado un escrito a la defensa comunicando una situación de “colapso” en el servicio debido a que, en el último año, se ha multiplicado por dos la demanda de informes o pruebas periciales, pasando de 47 a 94 expedientes. En la misiva aseguran que han solicitado formalmente unos refuerzos que no llegan, y que el caso tiene un tiempo estimado de espera “de un año“. Pueyo lamenta que, mientras tanto, su cliente no pueda ver a sus hijos más de un día al mes.

En el mes de Diciembre del pasado año, se celebró una reunión entre la Asociación Española de Abogados de Familia y el ministro de justicia Rafael Catalá, abordándose el tema de los retrasos en los informes psicosociales. “Le expusimos el problema, le dijimos que era necesario incrementar los equipos de psicólogos y trabajadores sociales adscritos a los juzgados y que su labor sea regulada. Le pedimos, además, cauces para poder cuestionar sus informes. “El ministro tomó nota”, asegura su presidente.

Cabe destacar que algunas Comunidades con transferencias en Justicia han decidido contratar equipos externos para poder dar salida a los expedientes atascados. Un ejemplo es es el caso de Canarias, donde la consejería contrató en enero a 50 psicólogos privados, 25 por cada provincia, para reducir el retraso detectado de varios meses en la elaboración de los informes periciales psicológicos. Andalucía, por su parte, permite acudir a peritos externos.

Las demoras son escandalosas en aquellos juzgados que tramitan asuntos de familia sin estar especializados, sedes judiciales cuyos titulares llevan todo tipo de casos civiles. Pero si todavía puede empeorar más este colapso es en los llamados juzgados mixtos, con asuntos de civil y de penal. La mayoría ni siquiera tienen equipos psicosociales adscrito, sino que se ven obligados a compartir uno entre varios juzgados, pero siendo siempre prioritaria su labor en asuntos penales.

Por este motivo, los abogados de familia están demandando juzgados especializados a nivel nacional ya que esto evitaría que haya, como existe en la actualidad, una Justicia de primera, de segunda o de tercera en función de la población en la que se resida. En Madrid, por ejemplo, los vecinos de la capital disponen de juzgados especializados en familia, con fiscalía propia y equipos psicosociales adscritos donde los informes tardan un mes, mientras los vecinos de municipios de la periferia tienen juzgados que no están especializados con equipo de psicólogos compartido, dilatándose los procesos y la espera.

En otras Comunidades Autónomas como Castilla La Mancha un proceso contencioso de divorcio supera de media los 12 meses de duración.

Esta situación tan evidente ha llegado a la oficina del Defensor del Pueblo que también se ha hecho eco de las demandas de abogados de familia, funcionarios y asociaciones. La mayoría de las denuncias que versan sobre la jurisdicción civil tienen que ver con el derecho de familia y con las dilaciones de los procesos de divorcio y custodias por las demoras de los informes psicosociales. La institución que preside Soledad Becerril solicitó el año pasado al Ministerio de Justicia que promoviera la especialización de juzgados de familia y que, junto a las Comunidades Autónomas donde la justicia está transferida, potencie la adscripción de psicólogos y trabajadores sociales propios a estos juzgados. En su último informe, recién presentado en el Parlamento, la oficina del Defensor del Pueblo hace también referencia a los problemas que tienen los psicólogos y los trabajadores sociales de los juzgados que llevan asuntos de familia para atender con agilidad su carga de trabajo. A esta institución le preocupa sobre todo cómo afecta en la infancia la dilación de los procesos de divorcio y separación.

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